Por Arturo Fernàndez Ramìrez
El pasado viernes 29 de julio de 2016 tuvo lugar una sesión ordinaria del Ayuntamiento de Sayula y, entre otros puntos, se emitió el voto favorable a las reformas contenidas en el Decreto número 25859 del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 91 fracción II, 99 primer párrafo y deroga la fracción III del artículo 41 y los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
La esencia de dicha reforma se resume a eliminar el fuero de los funcionarios públicos de nuestra entidad federativa.
El fuero es una protección a los servidores públicos en el ejercicio de su función para evitar ser detenidos en determinados supuestos, aunque también se consideraba que era necesario para mantener un equilibrio entre los poderes del Estado, salvaguardando a dichos funcionarios de posibles acusaciones infundadas con tintes meramente políticos.
Podríamos afirmar que quizá en el pasado el fuero cumplió con una función importante, dada la inestabilidad interna que se vivió después de la emancipación de México de España y también posterior a la Revolución Mexicana, donde los jefes políticos eran los que ponían y quitaban a la mayoría de los funcionarios, sin respetar las leyes y mucho menos las instituciones, por eso era necesario el fuero para logar cierta estabilidad y contrapesos.
Debemos reconocer que hoy en día no estamos muy distantes todavía de vivir cacicazgos políticos locales, regionales y nacionales, pero sí debemos admitir que las cosas han cambiado, las reglas son otras y al menos esto ha orillado a que los cacicazgos cambien sus formas de actuar para mantenerse en el poder.
Y justamente en este cambio de formas, el fuero ya no es necesario en estos tiempos porque podemos decir que hay instituciones a través de las cuales se dirimen las diferencias.
Si antes los caciques o caudillos políticos ponían y quitaban candidatos y funcionarios en forma arbitraria y caprichosa en el momento en que así lo decidían, ahora lo siguen haciendo pero de manera diferente, por ejemplo, invirtiendo fuertes cantidades de dinero, primero para comprar las candidaturas y después en las campañas políticas para que sus candidatos vayan con todas las ventajas y al final logren ganar los cargos de elección en disputa y así tener el control político necesario para maniobrar.
Otro ejemplo, cuando quieren quitar a un funcionario incómodo a los "altos intereses", los medios de información masiva (léase televisión y radio) son utilizados para desprestigiar y manipular a la opinión pública en contra para lograr sus propósitos de destituir a quien no les conviene.
En resumidas cuentas, con fuero o sin fuero, los ahora llamados poderes fácticos siguen teniendo el control de nuestro país, de tal manera que si al inicio de la Revolución Mexicana alrededor de 800 familias detentaban la riqueza de nuestro País, ahora a más de 100 años, son cerca de 300 familias las que tienen en su poder la riqueza de nuestra nación.
Cambian las formas, pero no el fondo, porque el pueblo sigue siendo utilizado para pagar impuestos y sostener no solo al gran aparato burocrático que "administra" los recursos públicos, sino también para sostener todos los grandes privilegios de que gozan los altos funcionarios públicos, mientras que cada vez más millones de mexicanos vienen a engrosar más la lista de los que viven en pobreza extrema.
En conclusión, qué bueno que se eliminó el fueron de los altos funcionarios, pero nos debe quedar claro que esto no será suficiente para que México cambie, para que se acabe la corrupción y el alto grado de impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro País. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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