Semanario Horizontes

LA POLITICA DESDE GAYOLA
Por Rodrigo Sánchez Sosa

Vivímos en un estado de facto, de terror, violencia y muerte
En México no sólo está presente en la vida de los ciudadanos un estado justificado por las

instituciones y la legalidad; estado hasta hora poco eficiente y corrompido. Además, hay un estado de facto, impuesto por el terror, la violencia y la muerte. Este estado criminal, controla extensiones del territorio nacional en complicidad con el estado ´institucional´ y corrompiendo las leyes. Tales territorios son plazas feudales de tiranos sanguinarios, autoritario y cínicos. Hombres poderosos con ejércitos propios,  entrenados, organizados y supervisados por mercenarios extranjeros, que mantienen secuestrados a millones de habitantes y comienzan a apropiarse de un porcentaje importante del PIB nacional y las vidas de las personas en estos cotos de poder medievales. Ilegal e impunemente imponen su ley y trasforman poco a poco la cara de este país, con un costo social, económico, político y ecológico negativo para todos: Desmantelamiento del tejido social, desintegración familiar, destrucción de vidas, sueños y esperanzas; pobreza, marginación, ignorancia, improductividad, violencia, criminalidad; corrupción, ineptitud, saqueo del país, injusticia, fraude electoral, autoritarismo y represión brutal; contaminación de tierra, agua y aire, extinción de mantos freáticos y ecosistemas completos, altos índices de enfermedades terminales como el cáncer y crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión, Parkinson, esquizofrenia y VIH; daño irreversible a corto plazo de bosques, selvas, ríos, playas y manglares, erosión de suelos y falta de lluvias.
El principal ejemplo: la venta de sustancias adictivas, que comienza a rasgar el tejido social tanto en ciudades grandes y medias del país, como en sus comunidades pequeñas. Sustancias muy adictivas, llamadas en otros países "duras", se proporcionan y consumen indiscriminadamente entre la población sin importar edad, sexo, condición económica ni nivel académico. El potencial de destrucción de la salud mental y física entre la población, de estas drogas químicas, comienza a sentirse, pero sus reales efectos están por venir. Por cada adicto a estas peligrosas substancias, hay por lo menos cuatro personas más sufriendo el daño moral y emocional de estos psicotrópicos de diseño que causan delirios paranoicos, esquizoides, neuróticos y otros trastornos graves de la personalidad; además provocan, deterioro físico, daño renal, hepático, cardiovascular e incapacidad laboral, afectiva, académica e intelectual en el adicto, y por estrés en las personas que lo rodean. Si se debe multiplicar por cuatro el número de gente dañada directamente, habrá que multiplicar por un número más grande las personas afectadas indirectamente por cada adicto.
El costo humano, económico y social de esto apenas se comienza a notar, pronto esto será un problema de salud pública grave en el país, que inclusive, a largo plazo, afectaría el mismo negocio de venta de estas sustancias ilegales. Es lógico pensar que, si se incapacita a la gente mental y físicamente, su capacidad económica se anula, no podrán consumir su dosis por no tener con qué pagarla.  En un momento, sólo esta industria ilegal podría emplear a estos adictos a cambio de proporcionarles como único pago, satisfacer su necesidad de consumo. Actualmente la capacidad productiva del país se deteriora y nos hemos convertido en una nación productora, proveedora y corredor de todo tipo de substancias ilegales hacia el mercado más grande del mundo, EU. No imagino exactamente el tipo de país extremo cuya economía este sustentada exclusivamente en el narcotráfico, pero será muy parecido al actual en su forma de gobernarse: dos estados, uno simulado y otro de facto, como los países más pobres, peligrosos y olvidados del mundo en el África subsahariana: poderosos señores feudales, déspotas y crueles controlando los pocos recursos del país, un nido de mercenarios internacionales, hambruna y muerte por inanición en los sitios más marginados y pobres, paraíso del trato de personas, tráfico de órganos, prostitución a gran escala, destino de pederastas y dictadura.
Esto no es una visión pesimista de México sino una realidad que a diario se cocina en la mayoría de las ciudades y pueblos de este país. Dos estados, dos ejércitos, dos realidades: la de las mayorías víctimas de la injusticia,  desposeídas, envenenadas, deterioradas física y mentalmente por la pobreza y las drogas baratas; y la de las minorías privilegiadas, que pueden comprar la justicia en una realidad de cotos privados, poder político y económico, lujos, dinero fácil, drogas caras, cirugías plásticas con fines estéticos, autos de colección, negocios multimillonarios, frivolidad, prestigio y admiración social.
La edad promedio en que un niño se inicia en el consumo de estas sustancias tóxicas y letales en México, es a los doce años. Es decir que, en los próximos 10 años, tales jovencitos, tendrán pocas posibilidades de sobrevivir sanamente y mucho menos de estudiar, trabajar, formar una familia, reproducir la sociedad y forjar el futuro de su país. Con esto no sólo se termina el negocio criminal que produce estos entes, zombis demacrados y grotescos que vemos en algunas esquinas y parques públicos; sino que, se termina el país tal como hasta ahora lo habíamos conocido. Es importante notar que el gobierno se ha desatendido de este problema de salud pública, en favor de la guerra contra los cárteles a la que invierte muchísimo dinero; pero, nada ha hecho por la prevención y rehabilitación de las personas adictas en México. Absolutamente todos los centros de recuperación de adicciones en el país, son iniciativa privada o asociaciones civiles con presupuestos paupérrimos. La peor parte, por supuesto, la llevan los pobres, el costo de recuperación de un adicto ronda los 3 mil a 25 pesos mensuales (dependiendo del centro de recuperación, cuya eficiencia la determina el costo), una importante merma a la economía familiar, sin contar con el costo del mantenimiento de la adicción antes de la detección y el tratamiento. El gobierno federal sólo ofrece en el sistema de salud pública o seguro popular, los pabellones psiquiátricos que más bien son cáceles para enfermos mentales en pésimas condiciones y sin medicamentos. Mientras, el presupuesto para combatir al narco rebasa los miles de millones de pesos. Ni un solo peso, al parecer, de los millones decomisados al narco, es destinado para resarcir el daño que esta actividad provoca en la salud de la población, al mismo tiempo, se utiliza gran parte de los impuestos de los ciudadanos en la compra de armas y nomina de policías que enfrentan ineficiente y corruptamente a los cárteles en todo el país (esto, sin abordar el sistema carcelario que es otro nido de corrupción, criminalidad y despilfarro de recursos públicos). Por otro lado, la ignorancia, la ambición, la complicidad, la pobreza y la irresponsabilidad de toda la ciudadanía, coadyuva en esta barbarie que ha convertido a México en un reto para la humanidad en este siglo XXI, según muchos especialistas internacionales en el tema, entre ellos Edgardo Buscaglia (ex asesor de la ONU en el rubro), lo han manifestado.