Derechos Humanos, nepotismo, la promesa
de la meritocracia cuando el apellido pesa
más que la capacidad
Por el Dr. Juan Ramón Almejo Vargas, Doctorado en Derechos Humanos, Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara.
En las empresas públicas, privadas y en los ayuntamientos, favorecer a familiares puede cerrar oportunidades, pero para combatir esta práctica se requieren reglas transparentes y reconocer que no todas las personas parten de las mismas condiciones.
Conseguir un empleo o ascender debería depender de las capacidades para desempeñar el trabajo, no de pertenecer a la familia de quien toma las decisiones; cuando los vínculos familiares desplazan a los criterios profesionales, la discusión va más allá de una contratación cuestionable: involucra la igualdad de oportunidades en el servicio público, el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones del Estado. El problema no es tener determinado apellido, sino convertirlo en una ventaja que las demás personas no pueden disputar (Naciones Unidas, 1948, arts. 21 y 23; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2020).
Los cargos públicos no son el patrimonio de la familia; es importante definir el nepotismo, que consiste en favorecer a familiares al distribuir empleos o posiciones de poder, en lugar de aplicar criterios objetivos de selección, y este no debe confundirse con todas las formas de favoritismo que esta implica. Beneficiar a una amistad o recompensar una lealtad política, puede constituir otro tipo de práctica indebida; distinguirlas permite identificar qué ocurrió, qué reglas se incumplieron y quién debe responder, sin reducir cualquier irregularidad a una sola etiqueta (OCDE, 2020).
En nuestro país, el nepotismo en el servicio público tiene una definición legal; el artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas menciona que cuando una persona servidora pública utiliza sus atribuciones de su cargo para designar, nombrar o intervenir, directa o indirectamente en la contratación de familiares en el ente público donde trabaja, esta disposición menciona a parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad hasta el segundo, matrimonio o concubinato y lo ubica entre las faltas administrativas graves (Ley General de Responsabilidades Administrativas [LGRA], 2016, art. 63 Bis).
Esta ley también aplica en los municipios, sus dependencias y entidades; entonces, ocupar una presidencia municipal, una dirección o cualquier otro cargo no autoriza a tratar las plazas como recompensas familiares; la obligación es atender los intereses colectivos, actuar con imparcialidad y evitar que los intereses personales interfieran en las decisiones. Tampoco basta con llamar "de confianza" a un puesto para excluirlo de la prohibición: el artículo 63 Bis contempla expresamente esa modalidad de contratación (LGRA, 2016, arts. 3, 7 y 63 Bis).
Compartir apellido o trabajar en la misma institución no demuestra, por sí solo, que exista nepotismo; para establecer una responsabilidad, deben acreditarse los elementos que exige la ley, entre ellos el parentesco y la intervención de la persona servidora pública mediante las facultades de su cargo. La vigilancia ciudadana necesita pruebas y procedimientos, no acusaciones automáticas: combatir el privilegio también exige respetar los derechos de las personas señaladas (LGRA, 2016, arts. 63 Bis y 111).
En las empresas de índole pública, las decisiones de personal deben examinarse conforme al régimen jurídico aplicable y a las obligaciones de quienes desempeñan funciones públicas; la ley incluye dentro del ámbito a diversos entes empresariales del Estado y prevé autoridades encargadas de investigar responsabilidades. La actividad comercial no convierte los recursos públicos en propiedad personal de sus administradores ni elimina sus deberes de integridad y rendición de cuentas (LGRA, 2016, arts. 3, 7 y 9).
En las empresas privadas, es distinto: contratar a un familiar no constituye automáticamente una falta administrativa de nepotismo prevista para las personas servidoras públicas; no obstante, la libertad de organizar una empresa no permite desconocer la legislación laboral. En México, la Ley Federal del Trabajo exige respeto a la dignidad y prohíbe prácticas discriminatorias; las diferencias de selección pueden justificarse cuando responden a las calificaciones particulares que requiere una labor (Ley Federal del Trabajo [LFT], 1970, 2, 3 y 133).
Una empresa familiar, no es sinónimo de una empresa que vulnera los derechos; la cuestión es cómo se toman las decisiones y qué consecuencias producen: si se respetan las condiciones laborales, si las evaluaciones responden al trabajo realizado y si existen mecanismos para atender las afectaciones. Por su parte, los estándares de las Naciones Unidas establecen que todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector o propietario, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y afrontar los impactos negativos en los que participen (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2012, principios 11-15).
Frente al nepotismo suele proponerse la meritocracia: seleccionar y promover a las personas por sus conocimientos, habilidades, experiencia y desempeño, pero un sistema basado en el mérito no se demuestra diciendo que alguien "es capaz", porque se requieren perfiles definidos antes de elegir, criterios relacionados con el puesto, procedimientos transparentes y mecanismos para revisar las decisiones; sin esas condiciones, el lenguaje del mérito puede terminar encubriendo una preferencia ya decidida (OCDE, 2020).
Hay que cuestionarnos la idea de que todo éxito depende del esfuerzo individual; el origen socioeconómico de la familia, el lugar de nacimiento y otras circunstancias fuera del control personal influyen en las oportunidades disponibles. Esto no significa negar el valor de la preparación, significa reconocer que las trayectorias no se construyen desde un punto de partida idéntico, porque una competencia aparentemente abierta puede seguir siendo desigual si algunas personas tuvieron acceso a recursos y redes que otras nunca pudieron obtener (OCDE, 2025).
Combatir el nepotismo y promover el mérito deben acompañarse de medidas que amplíen las oportunidades reales: difundir las vacantes, evitar requisitos innecesarios, facilitar la participación de las personas con discapacidad y evaluar competencias pertinentes para el trabajo. La igualdad no exige contratar sin considerar capacidades; exige que esas capacidades se valoren mediante reglas justificables y que las barreras ajenas al desempeño no decidan de antemano quién puede competir (OCDE, 2020).
La relación entre derechos humanos, nepotismo y mérito puede expresarse de la siguiente manera: los derechos establecen el piso de dignidad e igualdad; las prácticas de favoritismo pueden cerrar el acceso a oportunidades; y la selección basada en capacidades ofrece una alternativa cuando sus reglas son transparentes e incluyentes. Informarse sobre esta relación permite dejar de entender el empleo público como un favor y el éxito laboral como una explicación exclusivamente individual; una sociedad más libre necesita instituciones que respondan a la ciudadanía y oportunidades que no dependan de pertenecer a la familia correcta.

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