Por Arturo Fertnàndez Ramìrez
Mientras que las campañas siguen su curso y en las que desde luego sobresalen las promesas de compaña relativas a la seguridad pública, los casos lamentables siguen a la orden del día.
El caso más reciente es la emboscada que sufrieron miembros de la policía estatal o fuerza única, en los que desafortunadamente falleció un sayulense.
Resulta un tanto incongruente que mientras la clase política anda en las calles pretendiendo convencer a los ciudadanos con sus promesas de campaña, el pueblo vive una realidad diferente a la que le dicen o le quieren dibujar.
Es indudable que la inseguridad pública desde hace algunos años se convirtió en el principal problema de nuestra sociedad.
Pero lo más grave es que lejos de disminuir cada día crece más y más, llegando a niveles que seguramente muchos no nos imaginábamos que podía llegar.
Y es que antes la inseguridad la sufrían de alguna manera los ciudadanos, pero ahora son las corporaciones policíacas las que son blanco directo de la delincuencia.
En junio de 2008 se llevaron a cabo reformas constitucionales de mucha trascendencia en materia de seguridad pública, de procuración y administración de justicia.
Pero aun cuando todavía están en proceso de aplicación dichas reformas, la verdad de las cosas es que no se han visto resultados positivos.
Pudiera decirse que es poco tiempo o que todavía no se ha implementado en su totalidad el nuevo sistema de justicia, pero no es así, ya que a siete años de dicha reforma, considero que los resultados ya debían percibirse por la ciudadanía.
Uno de los propósitos fundamentales de esa reforma constitucional era la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos, entrando en vigor, entre otras cosas, las llamadas pruebas de control de confianza y la exigencia de un mínimo de nivel académico en los miembros de la policía.
Lamentablemente se ha abusado en las pruebas de control de confianza y sobre todo en las restricciones legales que tienen los miembros de las corporaciones de seguridad pública cuando son cesados y no tienen derecho a reclamar la reinstalación a su puesto de trabajo ni aun cuando se demuestre que su despido fue injustificado, como tampoco tienen derecho a salarios caídos.
Estas restricciones legales si bien tuvieron su razón de ser en los abusos que muchos malos policías cometían por las deficiencias jurídicas para ganar juicios, obligando a las autoridades a ser reinstalados y además pagándoles grandes cantidades por concepto de salarios caídos, creo que las citadas reformas de junio de 2008 dieron como resultado que la situación diera un giro de 180 grados, ya que ahora muchos buenos policías son víctimas de esas reformas al aplicárseles injustamente cuando sin razón legal alguna, tan solo por caerle mal a sus superiores, son despedidos sin derecho a una adecuada defensa.
Quienes han pretendido regular esta situación han sido los Tribunales Federales al resolver los amparos que se promueven contra esas injusticias. En fin, creo que la reforma de 2008 aún cuando se reconoce su trascendencia, insisto en que no ha logrado los resultados esperados, por lo que nuestras autoridades deben replantear esta problemática y analizar a fondo qué es lo que realmente está sucediendo, porque no es posible que siga creciendo la inseguridad y que todos vivamos en un verdadero estado de zozobra. Ojala que nuestros candidatos ofrezcan propuestas viables y que en su momento las cumplan. O usted qué opina estimado lector. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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