Por Arturo Fernández Ramírez
Un Tema de Interés que siempre ha sido recurrente y polémico es el excesivo salario que devengan altos funcionarios públicos.
El ejemplo más claro son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes ganan alrededor de $600,000.00 mensuales, sí, leyó usted bien: seiscientos mil pesos mensuales.
Resulta indudable que percibir un salario de esa magnitud es una incongruencia y ofensa para el resto de los trabajadores que necesitan trabajar muchos años para apenas sí sumar ese dinero.
Es decir, lo que el grueso de los trabajadores ganan en tan solo un mes, el resto de los trabajadores necesitan años de intenso trabajo.
Que alguien gane esa cantidad o incluso más, pudiera no ser problema si se tratara de la iniciativa privada, pero saber que ese dinero es del pueblo, de un pueblo que sufre hambre, carencias y muchas necesidades básicas, sí que es ofensivo.
Ciertamente la preparación académica y el grado de responsabilidad de un cargo, son factores determinantes en la asignación de un salario.
Pero con todo y eso creo que nada justifica que haya una gran disparidad que se traduce en una injusticia para el grueso de los trabajadores que, insisto, ganar salarios muy bajos.
Es claro que el caso de los Ministros de la Corte no es el único, ya que hemos tenido más ejemplos, incluso de Presidentes Municipales que han llegado a ganar varios cientos de miles de pesos al mes.
Cuando el PAN arribó al poder esgrimió como razón que con salarios dignos los funcionarios no caerían en la tentación de la corrupción, ya que se consideraba que una de las principales causas de esta era precisamente el que los servidores públicos ganaran muy poco.
Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el hecho de que los funcionarios públicos perciban salarios dignos no ha dado como resultado la disminución de la corrupción.
Estoy de acuerdo en que se perciban salarios dignos pero que sean acordes al nivel jerárquico, a la responsabilidad y al grado de preparación que se requiere para desempeñar un cargo.
Pero en lo que definitivamente no se puede estar de acuerdo es en aceptar excesivos salarios y que todavía la corrupción siga permeando a nuestras instituciones. Es a todas luces injusto que el pueblo sufra de hambre pero que con su dinero se estén pagando esos altos salarios. Son estas y no otras las reformas legales que nuestros legisladores deben proponer para que la gente vuelva a confiar en ellos. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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