Por Arturo Fernández Ramírez
Aun cuando por diversos factores, uno de ellos la Reforma Política, ha impedido que se apruebe en definitiva la nueva redistritación electoral, podríamos decir que es casi seguro que las próximas elecciones de 2015 se estarán desarrollando bajo esa nueva demarcación geográfica electoral.
De acuerdo al IFE, los actuales 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide la República Mexicana, fueron aprobados el 11 de febrero de 2005.
Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una actualización en base a los datos de población reportados en el último censo de 2010.
Como sabemos, los distritos electorales se definen en función de la población, de ahí que efectivamente se requiere una actualización, ya que mientras unos municipios crecieron sustancialmente en habitantes, otros disminuyeron, por lo que para mantener una adecuada representación equitativa, se pretende realizar esa nueva demarcación geográfica en los distritos electorales de la República Mexicana.
El artículo 53 de nuestra Constitución Federal establece: "Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría".
No obstante ese principio constitucional de representatividad, se debe reconocer que muchas veces la división territorial no solo obedece a fines de representación y proporcionalidad poblacional, sino también a políticos.
Es decir, se dan casos claros en los que la división territorial se hace pretendiendo favorecer a uno o dos determinados partidos políticos, claro está, a los que de alguna manera están en el poder o se coaligan intercambiando por ejemplo la aprobación de la Reforma Política con la Reforma Energética, tal y como se presume lo hicieron el PAN y el PRI.
Entonces, se desvirtúa la esencia de la demarcación electoral con fines de lograr una representación equitativa, principalmente ante la cámara de diputados. Y se da paso a que la redistritación electoral se haga solo con trasfondo político.
Por eso es importante que nosotros como ciudadanos estemos enterados de la forma en que los partidos políticos y el IFE o el nuevo órgano que sustituirá a este último, pretenderán aprobar la nueva redistritación.
Y es por ejemplo en Jalisco, entre otros cambios, se creará un nuevo distrito electoral, ya que actualmente a nivel federal son 19, por lo que de aprobarse el proyecto, serán 20 distritos, igual como está distribuido el Estado en las elecciones locales.
Mientras que en el caso de Sayula, existió al parecer el intento de que ya no perteneciera al distrito encabezado por Zapotlán El Grande, sino por el de Autlán de Navarro, lo que de entrada nos orillaba a preguntarnos ¿favorece o perjudica?
Parece ser que se modificó ese anteproyecto y ahora aunque podrían cambiar la numeración actual de los distritos, seguiríamos perteneciendo al de Zapotlán El Grande, o mejor dicho, al de los municipios del sur de Jalisco.
En fin, creo que en una nueva distribución territorial y poblacional para organizar las elecciones, son muchas cuestiones importantes que sí debemos analizar para al menos opinar si estamos o no de acuerdo y no solo esperar a conocer lo que las autoridades electorales y los partidos políticos hayan decidido conforme a su criterio que no necesariamente podría ser el de la representación equitativa para nuestras respectivas comunidades. ¿O usted qué opina estimado lector? Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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