Por Arturo Fernàndez Ramìrez
DEFICIENTE EL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Es lamentable que mientras nuestros impuestos se destinan a cubrir costosos seguros de vida y de gastos médicos mayores a nuestros más altos funcionarios como parte de sus prestaciones adicionales a sus ya de por sí elevados salarios, el grueso de la población tenemos que sufrir las deficiencias e ineficiencias de los organismos públicos que se supone deben garantizar el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.
El artículo 4 de la Constitución establece con toda claridad "Artículo 4… Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…".
Mientras que el numeral 123 de la misma Constitución contempla las bases generales de la Seguridad Social.
Es decir, tanto el derecho a la protección de la salud como la seguridad social, son derechos humanos reconocidos como tales en nuestra Carta Magna, por lo que el Estado está obligado a garantizar.
Sin embargo, como muchos otros derechos que son incumplidos o vulnerados, la protección a la salud y la seguridad social también dejan mucho que desear, ya que son recurrentes y constantes las quejas que contra el sistema de salud y seguridad social se presentan.
Si hablamos de las clínicas de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, las inconformidades no solo son en contra de la deficiente atención que suelen recibir los pacientes, sino también en contra del desabasto de medicina.
Obviamente a quienes afecta de manera directa es a los que menos ganan, a los que por carecer de recursos económicos para acudir a un servicio médico particular, no les queda otra opción que sufrir las deficiencias de este tipo de clínicas.
Es decir, el pésimo servicio de las clínicas del sector público afecta a millones de mexicanos, ya que solo muy pocos son los que pueden darse el lujo de atenderse o atender a sus familiares en clínicas y hospitales particulares.
Y desde luego aparte de ser lamentable esta situación, es indignante porque como lo referí al inicio de esta columna, mientras que nuestros impuestos se destinan a pagar los altos salarios de los altos funcionarios, también se destinan a pagarles prestaciones adicionales costosas como seguros de vida y de gastos médicos mayores para los propios funcionarios y para toda su familia.
Esto es, los que menos ganan sufren la precariedad de las clínicas públicas porque no tienen dinero para servicios particulares, pero nuestros altos funcionarios que gozan de elevados salarios, no acuden a estos hospitales porque con cargo al erario público cuentan con seguros de gastos médicos mayores para ir clínicas particulares.
Dicho en otras palabras, no obstante que los altos funcionarios ganan lo suficiente para pagar de su propia bolsa un servicio médico particular, no lo hacen porque el pueblo también les paga dicho lujo.
Entonces, el presupuesto del gobierno en lugar de destinarse a mejorar la infraestructura en el rubro de la salud, se dedica a pagar los altos salarios de nuestros funcionarios y sus altas prestaciones adicionales como los seguros médicos de gastos mayores.
Estamos en año electoral, donde por cierto también se destinarán miles de millones de pesos al proceso electoral, por lo que bien valdría la pena que como ciudadanos condicionáramos el voto, particularmente a los candidatos a diputados, a que asuman un compromiso real frente a las deficiencias de nuestro sistema de salud. Al final de cuentas son los diputados los que tienen la facultad de proyectar el presupuesto anual y por ende, son los que pueden destinar mayores cantidades a este rubro y disminuir sus altas prestaciones que perciben. O usted qué opina estimado lector. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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