Por Arturo Fernàndez Ramìrez
Cada año las autoridades educativas reiteran que están prohibidas las "cuotas voluntarias" en las escuelas públicas, pero, en los hechos resulta lo contrario, obligan de manera disfrazada condicionando la entrega de certificados o la inscripción misma, si no se acredita el pago de esas aportaciones, violándose abiertamente el artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es disfrazado porque de manera oficial, las escuelas no son las que cobran esas cuotas, si no los patronatos de los padres de familia que se constituyen cada año para representar los intereses del alumnado. Como lo dije, se trata de una simulación, porque desde el momento mismo en que todo se realiza en las propias instituciones educativas, con el aval y organización de los directivos, se asume que es el propio centro educativo el que en los hechos solicita esas aportaciones, máxime cuando la coercibilidad la ejerce el personal docente.
Por eso, aunque la Secretaría de Educación Pública de nueva cuenta prohibió las cuotas voluntarias, persiste la duda de si este próximo ciclo escolar se repetirá el mismo vicio o en realidad habrá un cambio.
Incluso, en esta ocasión la Secretaría de Educación Pública fue más allá al sostener que, en caso de que ya se hubiera realizado algún pago correspondiente al próximo año escolar, el dinero tendrá que ser reembolsado.
Con todo y ello, la duda persiste por todas las razones antes expuestas, una cosa es lo que se dice en el papel y otra lo que cada escuela hace para hacer obligatorias esas aportaciones.
Es cierto que la falta de presupuesto (o mala distribución del mismo) hace que no llegue dinero para el aseo, mantenimiento o ampliación de la infraestructura, razón que utilizan para involucrar a los padres de familia a través de dichas cuotas voluntarias.
Y aunque en más de una ocasión ha habido malos manejos en la recaudación de esas aportaciones, no por eso debemos dejar de reconocer que muchas escuelas sí han logrado mejoras sustanciales en sus instalaciones, beneficiándose de manera directa la comunidad estudiantil.
Sin embargo, lo anterior no justifica que se cobren esas cuotas voluntarias y mucho menos que se coaccione para convertirlas en obligatorias, en primer lugar, porque se contraviene abiertamente el espíritu del invocado artículo 3 constitucional. En segundo lugar, porque se afecta a los sectores sociales más marginados que carecen de dinero para cubrir esas aportaciones.
Entonces, no se debe perder de vista que, al estar reconocida en la Constitución, la educación pública gratuita, es obligación del Estado cumplir en todos sus términos ese derecho humano, sin tener que condicionar certificados o inscripciones al pago de ninguna cuota.
Y para que se materialice dicha obligación, es necesario que el Estado supervise que en todos los planteles educativos se cumpla con la gratuidad de la educación, evitando todo tipo de cobro que contravenga la esencia de este derecho humano.
Vamos a esperar que en esta ocasión se haga efectiva la prohibición de las cuotas voluntarias y que, sin hacerse de la vista gorda, las altas autoridades educativas, garanticen que en ningún centro escolar, urbano, rural o de cualquier otra índole, se cobre o pretenda imponer aportación económica a cargo de los padres o madres de familia. La educación es un derecho, no un privilegio. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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