Por Arturo Fernández Ramírez
"Justicia retardada es justicia denegada". Verdadera contradicción que mientras el llamado Poder de la Justicia, es decir, el Poder Judicial, mantiene cerradas sus puertas, los poderes legislativo y ejecutivo desde hace varias semanas se reactivaron sin dejar de cumplir con las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.
Es decir, nada justifica, ni siquiera la pandemia del covid 19, que desde mediados de marzo de 2020 se mantengan cerradas las puertas de las dependencias encargadas de procurar, administrar e impartir justicia.
Como lo dije, resulta contradictorio que mientras la mayoría de las oficinas públicas de los otros poderes y niveles de gobierno, incluyendo los municipios, estén haciendo un esfuerzo por continuar con su servicio público sin desatender las medidas sanitarias, el órgano encargado de la justicia esté adoptando posturas totalmente inexplicables para continuar con el cierre de sus puertas.
En la Teoría de la División de Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el equilibrio del poder se logra con los contrapesos que entre los tres ejercen, de tal manera que cuando existen actos arbitrarios del primero y segundo, acudimos al tercero en demanda de justicia, pero ahora, ¿ante quién recurrimos si está cerrado?
No es óbice a lo anterior el hecho que estén instrumentando algunos trámites en línea o supuestamente considerados urgentes por la ley, como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en mucha menor medida el Poder Judicial de Jalisco (bastante rezagado), ya que en todo caso se trata de paliativos que no resuelven el problema de fondo: impartir justicia.
Se incumple abiertamente con el mandato de José María Morelos y Pavón: "que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario".
Así mismo, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la justicia debe ser pronta y expedita, derivando así los principios de celeridad, inmediatez, economía procesal y sencillez, evitando el entorpecimiento y obstaculización de la función jurisdiccional de los tribunales.
Como podemos ver, no se trata de una cuestión menor, no se trata de la mera afectación a un sector de profesionistas que ejercen la abogacía. En realidad, se daña a millones de personas que se ven en la necesidad de que el Estado les resuelva un conflicto.
De hecho, el mismo artículo 17 antes invocado establece en su primer párrafo que "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", ya que para eso están los tribunales, pero ¿dónde están desde marzo de 2020?
Tan solo en el Juzgado Civil radicado en Sayula se registran alrededor de mil demandas al año. En los de la zona metropolitana de Guadalajara, cada uno suele recibir más de 3 millares de peticiones de justicia.
Por eso, no solo se afecta a los abogados litigantes, sino en realidad a las personas que representan y que son quienes acuden a los tribunales en ejercicio de su derecho humano a pedir justicia.
Antes de la pandemia, ya existía rezago y lentitud en los juicios, ahora que han permanecido cerrados durante varios meses, ya nos podemos imaginar lo que vendrá después de que aperturen sus puertas.
Esperemos que, en el Poder de la Justicia, federal y estatal, se visualice la realidad de las cosas y reactiven de manera formal y material su actividad jurisdiccional que por mandato constitucional están obligados a realizar. Es necesario y urgente que ya abran los tribunales, porque "justicia retardada es justicia denegada". Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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