Por J. Ventura Torres
Por donde quiera se escucha, y dan a conocer todos los medios de comunicación que se sigue cuestionando la Ley de Seguridad interior, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta situación es únicamente un protocolo de espera para que entre en vigor, en virtud de que la corte de Justicia es representada en su mayoría por puros ministros comprometidos con el gobierno Federal, de nada sirve tanto cuestionamiento si a final de cuentas ni siquiera le van hacen caso a los reclamos del pueblo, así mismo a los legisladores que se oponen a esa Ley Anticonstitucional ni siquiera toman en cuenta a los altos comisionados de las Naciones Unidas representantes internacionales de los Derechos humanos, en fin la realidad es que la ciudadanía se encuentra en completo estado de indefensión en virtud de que los tres poderes de los cuales se compone nuestro sistema de gobierno está en manos del Presidente en Turno Enrique Peña Nieto. Es muy necesario regular el congreso de la unión para que ningún partido cuente con la mayoría de congresistas, mucho menos del partido en el poder, esto con el fin de que en realidad exista la democracia constitucional, que tanto cacaraquean los gobernantes y partidos políticos mismos que han convertido al país en uno de los más corruptos, en donde reina la impunidad oficial.
Es una característica observar que desde que inició esta Administración Federal las violaciones a la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos ha sido violentada continuamente, es muy notorio que el Gobierno Federal cuando fue representado por Felipe Calderón Hinojosa, fue muy notorio que en forma unilateral declaro la guerra en contra de la delincuencia organizada y del narcotráfico, desarrollando la inestabilidad del país, así mismo el actual Ejecutivo Enrique Peña Nieto, ambos en contra de los ordenamientos constitucionales mezclaron a las fuerzas armadas de la nación haciendo las tares de las diferentes organizaciones policiacas está demostrado que el primero declaro la guerra sin autorización del poder legislativo, y Peña Nieto la continuo en las misma condiciones en contra de los delincuentes sin importar las múltiples molestias violatorias de los Derechos Humanos a toda la ciudadanía que nada tiene que ver ni con unos ni con otros, es muy notorio que se les olvida a todos los gobernantes que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes que de ella emanen y si no el pueblo que los demande. Pero en la actualidad esto ya no es posible la descarada impunidad es la que rifa, en virtud de que todo está centralizado y se tiene que hacer lo que el Ejecutivo disponga.
No obstante con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la Constitución Política que nos rige es violentada en sus artículos 39, 40, 124, y demás relativos que no son señalados, sin embargo el artículo 39 señala que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El artículo 40 indica que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y el artículo 124 dice que Las facultades que están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la ciudad de México. En los ámbitos de sus respectivas competencias.
Está bien claro que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior la soberanía de los Estados y Municipios, quedan únicamente cómo un protocolo, plasmadas en nuestra Constitución Política en vigor como un simple membrete, ¿Acaso no sería mejor exigir a cada uno de los Gobernadores de los Estados y Presidentes Municipales que cumplan con sus obligaciones de velar por la paz social y la seguridad pública? Es muy claro que si estos no pueden cumplir con sus obligaciones constitucionales pues que renuncien. Así mismo las fuerzas armadas están para resguardar la soberanía de la nación y son los primeros que participan en diferentes violaciones a la Constitución Política tratando de nulificar la soberanía de los Estados y Municipios. Es muy claro que la obligación de dar seguridad y paz social a la ciudadanía es obligación de cada Gobernador en su Estado así mismo de los Presidentes Municipales en su municipio, y si no tienen capacidad pues que renuncien a su cargo, así se evitara la intervención del ejército y la marina.
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