Por Arturo Fernàndez Ramìrez
Como ocurre cada semestre, en esta semana tuvo lugar la publicación del Dictamen de Admisión a la Universidad de Guadalajara en su calendario escolar 2020-A.
Lamentablemente, como sucede cada seis meses, son miles de aspirantes los que ven frustrados sus deseos de continuar estudiando, bien, el bachillerato o una licenciatura.
Y es aquí donde nuevamente nos preguntamos, si la Constitución Federal establece en el artículo 3 que la educación es un derecho humano ¿por qué el Estado vulnera esa prerrogativa impidiendo que quien quiere estudiar no lo pueda hacer por falta de un espacio?
En efecto, el citado numeral establece en lo conducente: "Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo."
Dicha fracción determina lo siguiente: "X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas."
Tres aspectos fundamentales podemos destacar de ese precepto constitucional: 1.- Toda persona tiene derecho a la educación; 2.- El Estado garantizará la educación media superior y superior; y, 3.- La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado.
Luego entonces, si la obligatoriedad y garantía de la educación superior le corresponde al Estado, es claro que la falta de espacios para poder estudiar una carrera universitaria, es atribuible al gobierno.
Se entiende que se deban cumplir con ciertos requisitos administrativos para ser admitido a una institución educativa, lo que no se comprende es que miles sean rechazados por falta de espacios, por falta de infraestructura, por falta de un presupuesto suficiente para atender la demanda en materia de educación.
Por tanto, queda claro que quien está fallando es el Estado porque no está garantizando a cabalidad el derecho humano a la educación.
Esperemos que con el actual gobierno federal, así como está combatiendo los rezagos ancestrales en otros rubros como el de la salud, haga lo mismo con la educación.
Definitivamente no es una tarea fácil, décadas de rezago y corrupción, no se pueden quitar en poco tiempo, pero si existe una verdadera voluntad de mejorar las cosas, de acabar con el saqueo y que el presupuesto se destine a lo que realmente se programa sin desvío de ninguna naturaleza, poco a poco se podrán cumplir con los derechos humanos que nuestra Constitución consagra.
Lamentablemente, mientras esto sucede, miles de nuestras y nuestros jóvenes, tendrán que sufrir la frustración de ver coartados sus anhelos de seguir estudiando hasta que en un siguiente ciclo escolar puedan competir otra vez por uno de los pocos espacios que hay en las Universidades Públicas como la U. de G. con la ilusión de ahora sí aparecer en las listas de admisión. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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