lunes, 10 de febrero de 2020

EDITORIAL...
“Intereses ajenos al patrimonio cultural de Sayula 
intervienen en el caso del Páramo”, se denuncia

Basándonos en publicaciones de redes sociales en la página de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Guadalajara y de otros perfiles de involucrados en la polémica que se suscitó con el derribo de la obra El Páramo, se concluyen reflexiones como la de este editorial de Horizontes, dejando la última opinión como siempre a nuestros lectores: “El pasado sábado 25 de enero la Academia Nacional de Arquitectura capítulo Guadalajara visitó Sayula. Esta asociación civil con sede en la capital del estado, que preside Liliane Ponce, se vio al medio día del pasado sábado, acompañados por la titular de turismo Ana Luz Rodríguez Anaya del gobierno municipal y del director del Festival Rulfiano de las Artes Mauricio Munguia Anaya, en el predio donde se levantara el jardín de niños Celso Vizcaíno  y la obra negra de la primera etapa del mal logrado Centro Cultural El Páramo,  proyecto del arquitecto local Francisco Orozco; acompañados por vecinos de ese espacio, algunos de ellos firmantes de una petición que se filtró a los medios el año pasado, donde los mismos pedían al presidente municipal la demolición del edificio del ex jardín de niños y la obra de Orozco de financiamiento tripartita; por el riesgo que de acuerdo a ellos, representaba para la ciudadanía el proyecto trunco. Algunas fuentes aseguran que también estaban en dicho grupo miembros del Colegio de Arquitecto de Jalisco, quienes en un desplegado también el año pasado, intentaron justificar la demolición del inmueble arguyendo su nulo valor estético y por ende abonando a la defensa en una demanda ante la fiscalía del estado contra el responsable dicha demolición. El predio fue inhabilitado por la ley al ser investigado el acto ilegal tipificado como atentado a bienes patrimoniales de Jalisco. De tal suerte que los escombros de esta demolición, no pueden ser retirados mientras esté en proceso la investigación, según se nos informó.
El estado del sitio ha causado molestias entre algunas personas, y ciertamente, no se puede negar, da un aspecto poco digno al centro histórico; sin embargo, su ilegal intervención, una clara violación de la ley y la falta de consenso entre los expertos en arquitectura sobre el valor estético, histórico y patrimonial del edificio destruido, han generado una polémica que ha trascendido los límites del municipio. Entre otros, la propia Secretaria de Cultura del Estado, condenó enérgicamente en un comunicado público la demolición y se reservó el derecho de demandar legalmente a él o los responsables de este atentado absurdo a los bienes patrimoniales de Jalisco; así mismo, instituciones académicas de la región y el estado así como arquitectos importantes como Juan Palomar Varea quien publicó en su columna de opinión en el  periódico  de circulación estatal el Informador su enérgica condena al hecho, advirtiendo las consecuencia de que quedase impune; se manifestaron airadamente por lo que llamaron una arbitrariedad que no se debería tolerar. Por otro lado, surgieron voces, luego de la demanda del hecho ante la Fiscalía del estado, sino de justificación, si de minimización del hecho. Tal fue el desplegado que publicó el Colegio de Arquitecto del Estado de Jalisco, quien en este documento ponía en dudad, luego del escándalo que ya se ventilaba en medios por este caso, la validez de estatus del edificio como patrimonio arquitectónico del estado, así como su calidad estética; el documento del Colegio de Arquitecto no presentaba muchas pruebas de lo que argumenta.ba
Es en este contexto que, a unos días del inicio del carnaval y luego de que se supiera que para esta fiesta importante del municipio, la autoridad sayulense no quería los escombros de su demolición en el lugar;  se da la visita el sábado 25 enero de una delegación de Academia Nacional de Arquitectura, sin que se sepa exactamente en qué tenor estuvieron en el predio y hablando con vecinos y autoridades involucradas. Algunos en la contra parte ven con recelo esto en el entendido de que, por  los acompañantes locales de estos visitantes, podría tratarse de una estrategia para pedir a la fiscalía el permiso para la intervención del predio a favor de retirar escombros y acondicionarlo para las fiestas, algo que según la ley no es posible, por lo que  de darse, algunos interpretan que esto sería una ventaja para los responsables en el juicio que se sigue del hecho, ya que, la remoción de escombros implica la remoción de pruebas periciales para deslindar responsabilidades, atenuando la gravedad punitiva que pudiere tener para más de una persona la polémica demolición.
Fuimos a la fuente: investigando  la página de redes sociales de la Academia Nacional de Arquitectura donde encontramos publicas las fotos que aquí presentamos, vimos que no hay unanimidad al respecto, sus miembros cuestionan allí la acción de la Academia. A comentarios ahí vertidos y cuestionamientos a su presidente Liliane Ponce al respecto,  esta responde, ante pregunta directa de la razón de que la Academia interviniera en un asunto claro de la violación de la Ley que, textual: "…el problema tiene un procesos histórico (…) complejo, deja de manifiesto entre otras cosas, la importancia de la socialización de los proyectos, el respeto y cuidado al espacio público, el uso de los recursos públicos y la intervención puntual de de las Autoridades (sic) desde el INAH hasta el municipio." Dice Liliane Ponce a sus inter locutores en los comentarios del perfil citado. El Arquitecto Raúl Juárez Perezlete, les responde a la presidente de esta organización civil:  "…Los procesos siempre son complejos, lo que no tiene margen de interpretación es la destrucción del parvulario Celso Vizacíano)…" El arquitecto había cuestionado antes, que la Academia no se hubiese entrevistado con el arquitecto sayulense que proyecto esa obra que destruyeron, Francisco Orozco; "..Para dialogar con un autor fundamental del tema". Dice, dejando ver que la actuación de este organismo colegiado es parcial. Para muchos como el arquitecto, aquí y en Guadalajara, lo preocupante es la impunidad y el antecedente que un fallo que la favorezca, podría implicar en el resguardo del patrimonio a futuro, gracias este tipo de valoraciones parciales de organismos usados como herramientas de presión, dicen estas voces, que insisten, en que ya es un asunto legal y esto, la intervención de la Academia y el Colegio citados, está ya fuera de todo contexto y responde a intereses  y compromisos ajenos a la arquitectura y el patrimonio cultural, que se podrían interpretar dentro del rango de encubrimiento. 

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