Por Arturo Fernàndez Ramìrez
Este 5 de febrero se festeja el aniversario de la promulgación de nuestra actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como resultado de la Revolución Mexicana. Y aunque posterior a dicha Carta Magna continuaron las convulsiones sociales en nuestro país durante varios años más, de alguna manera se reconoce que este documento sirvió de base para ir recuperando poco a poco nuestra estabilidad y encaminar a México a la institucionalidad.
Hoy con la llamada Refundación en Jalisco y la Cuarta Transformación a nivel federal, se ha acentuado el debate en torno a la necesidad de una nueva Constitución en Jalisco y en la República, que responda a las necesidades actuales de nuestra sociedad, es decir, se insiste en que se requiere una actualización y modernización a través de un nuevo pacto social.
Cientos de reformas y adiciones son las que ha sufrido nuestra Constitución Federal desde 1917 a la fecha, de tal manera que el texto actual no es el mismo de cuando se promulgó, lo que sirve de argumento a quienes afirman que no hay necesidad de una nueva Carta Magna, porque se ha ido actualizando conforme a las necesidades de cada momento.
En 1917 nuestra Constitución fue ejemplo a nivel mundial, se consideró como una Carta Magna avanzada en muchos aspectos, sobre todo en materia de derechos sociales, esto es, se dejó atrás la tendencia liberal individualista para dar un paso adelante en el reconocimiento y protección de sectores desprotegidos y vulnerables, como la clase trabajadora y las comunidades agrarias.
Definitivamente las condiciones sociales de hoy en día no son las mismas de 1917 y menos cuando en aquella época México no se recuperaba todavía de los estragos de la dictadura porfirista ni de la Revolución, de ahí que de alguna manera exista cierta razón en quienes le apuestan a una nueva Constitución.
Sin embargo, como siempre lo he sostenido, si bien es cierto es importante contar con instrumentos jurídicos actualizados, no menos dejar de ser verdad que siempre será mejor que se respete lo que está escrito en nuestras leyes, empezando con la Constitución.
Y es que, si leemos la parte dogmática de nuestra Carta Magna, es fácil darse cuenta que si se respetaran los derechos humanos ahí reconocidos, México sería otro, nuestra sociedad sería mejor, todos tendríamos una calidad de vida digna y decorosa.
Lamentablemente, la mayoría de esos derechos quedan en letra muerta. O, dígame si no: prohibición de la discriminación; garantizar la igualdad; acceso a la educación pública y gratuita en todos los niveles -incluyendo la Universidad-; alimentación nutritiva; protección a la salud -no habla de pago alguno-; un medio ambiente sano; acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; vivienda digna y decorosa -las del INFONAVIT ¿cumplen con estas características?-; acceso a la cultura; salario digno.
Y así podemos seguir enumerando todo el catálogo de derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y nos daremos cuenta que la mayoría siguen siendo letra muerta.
Luego entonces, surge la pregunta inevitable: ¿para que se cumplan todos esos derechos es necesaria una nueva Constitución o que el Estado se concrete a garantizarlos instrumentando lo que se requiera para tales fines.
De poco o nada sirve presumir una Constitución bonita en su letra y contenido si nada se hace para que se respete.
En fin, cada quien tendrá la mejor respuesta para considerar si es necesaria una nueva Carta Magna con el fin de lograr que México sea mejor en todos los sentidos. En lo que sí habremos de coincidir es en que la promulgación de nuestra Constitución actual fue, sigue y seguirá siendo un acontecimiento histórico de gran trascendencia que bien merece ser recordado y festejado. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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