Por Arturo Fernández Ramírez
Incrementar 40% las pensiones de los jubilados, reducir de 1250 a 750 semanas de cotización para tener derecho a una pensión y que la parte patronal acepte que nomás aumente su aportación en las cuotas tripartitas, no solo es justicia social, también refleja el arte político de los autores de esta propuesta.
En efecto, la semana pasada el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones con la finalidad de lograr un incremento a las pensiones de los trabajadores.
Lo significativo de este proyecto es que no solo beneficia a los que menos ganan, sino que se logró el consenso de la parte patronal para que aceptara incrementar el porcentaje de su aportación en las cuotas tripartitas al sistema de seguridad social, de ahí la afirmación de reconocer que es una iniciativa de justicia social y que refleja el arte político de sus autores.
Actualmente, la gran mayoría de los que se han jubilado perciben un salario mínimo, que es insuficiente para poder vivir sin tener que seguir trabajando, aun siendo adultos mayores. El problema es que quienes en un futuro ya próximo tuvieran derecho a su pensión con la Ley del Seguro Social de 1997, percibirían menos de un salario mínimo, es decir, estarían peor que hoy en día.
En 1997 entró en vigor la actual Ley del Seguro Social, en la que se privatizó el seguro de pensiones a favor de la Afores, es decir, el Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, dejó de administrar las jubilaciones para que en su lugar lo hiciera la iniciativa privada, los bancos constituidos en estas Administradoras de Fondos para el Retiro.
También, si antes de 1997 se exigían 500 semanas (10 años) de cotización para tener derecho a una pensión, a partir de ese año, se aumentaron a 1250 (25 años), lo que colocó en gran desventaja a la clase trabajadora, es decir, fue una Ley con clara tendencia neoliberal que solo beneficio a los grandes empresarios.
Y así podemos seguir analizando la citada Ley del Seguro Social que entró en vigor en 1997 para confirmar que ningún beneficio trajo a la clase trabajadora. Urgía una reforma sustancial que visualizara el presente y futuro de los asegurados. Fox, Calderón y Peña Nieto mostraron total indiferencia.
Por eso, es digno de reconocer que, en menos de dos años del actual gobierno federal, se esté presentando la iniciativa que analizamos. Y más, que se haga con el consenso de los trabajadores y patrones.
Normalmente cuando una reforma beneficia a un sector (patrón o trabajador), el otro muestra su rechazo. Acordémonos también de la Ley del ISSSTE en el sexenio de Calderón, que afectó a los empleados. Hubo marchas y protestas a nivel nacional, también una férrea defensa jurídica que trajo como consecuencia que muchos de sus artículos fueran declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cambio, ahora, con la iniciativa que favorecerá a la clase trabajadora y que ese beneficio, pudiéramos decir, es a costa de incrementar la cuota patronal, vemos que las cúpulas empresariales están respaldando la iniciativa. Esto habla de consenso político, de diálogo, de entendimiento, de voluntad y disposición. Es el arte de la verdadera política.
Hay quienes, incluso muchos que se consideran críticos del actual gobierno federal, han reconocido que, aunque ha habido más reformas, esta, que analizamos, puede considerarse como la mayor del sexenio, al menos será recordada por muchos años más cuando la población económicamente activa de hoy en día se jubile y reciba una pensión digna. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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