Semanario Horizontes

 Incertidumbre con las impugnaciones electorales.

Por Arturo Fernández Ramírez

Los resultados de Jalisco, Guadalajara, Tlaquepaque y otros más, han sido impugnados ante los tribunales electorales. En este último municipio sucedió algo similar hace 3 años y justo un día antes de tomar posesión del cargo, cuando correspondía la toma de protesta, se anularon las elecciones. Y aunque a la postre volvió a ganar el mismo equipo, lo cierto es que se generó incertidumbre en la transición, en el gobierno y en la misma población. Todo esto pone en entredicho el principio de certeza que debe prevalecer en el sistema democrático. Sobre todo cuando las resoluciones jurisdiccionales se dictan hasta el final de los plazos. Así como sucede con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cuando aprueba o rechaza las candidaturas en el inicio de las campañas. Es necesaria una reforma política en la que se garanticen los derechos humanos de aspirantes, autoridades electas y de la sociedad.

      Entre otros principios rectores que se deben respetar dentro de nuestro sistema democrático, están el de la certeza y definitividad. El primero se refiere a la seguridad y claridad que se debe tener en cada momento del proceso electoral. Mientras que el segundo, es agotar los medios de impugnación en el orden y secuencia que establezca la ley.

Como lo habíamos comentado en ediciones anteriores, resulta ilegal e incongruente que las y los aspirantes que se registran como candidatos, estén con la incertidumbre de preparar su campaña. Que carezcan del tiempo suficiente para la planeación  y organización a causa de que la autoridad les dice horas antes o el mismo día, si procedió o fue rechazada su solicitud. Y cuando se les niega, se tienen que ir a los tribunales a revertir dicha situación, entrando a la contienda con mucha desventaja. Vulnerándose así otros de los principios fundamentales como lo es la equidad.

        Algo similar sucede con las autoridades electas, cuando se impugnan los resultados y los tribunales resuelven hasta el último día, el previo a que deben tomar posesión. Se tiene que trabajar en la transición, en el programa de gobierno, en la estructura de la Administración, en las gestiones ante las instancias estatales y federales. Todo un trabajo que requiere tiempo, dinero y organización, que queda en la nada cuando se anulan las elecciones.

      Estamos de acuerdo en que existan recursos, medios de impugnación y de defensa frente a presuntas irregularidades que se presenten en un proceso electoral. En lo que manifestamos nuestra discrepancia es en los plazos que desde la propia ley están fijados y que las autoridades los aplican hasta el último día.

     Por eso, afirmamos que es necesaria una reforma política en la que se garanticen los derechos humanos de aspirantes, funcionarios electos y de la sociedad misma. Que se ajusten los plazos para que las autoridades electorales emitan las aprobaciones, rechazos, dictámenes y resoluciones en general, con toda oportunidad. Para que en lugar de generar incertidumbre, garanticen a cabalidad los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. La democracia lo vale.