viernes, 25 de septiembre de 2009

Un abuso las cuotas "voluntarias" en las escuelas

Rodrigo Sánchez Sosa.-Pese a que la constitución lo deja muy claro: "la educación impartida por el estado será gratuita..." articulo tercero constitucional. Este derecho es negado. Como en muchos otros lugares de la república, en Sayula este mandato constitucional, con diferentes tretas, entre ellas el chantaje de que no llega suficiente dinero por parte de los gobiernos federales y estatales a las instituciones de nivel básico y medio; sociedad de padres de familia y maestros de estas escuelas publicas en el municipio, piden la famosa cuota "voluntaria" a los padres de familia. Y más, amenazan a las personas con retener documentos, suspender al alumno o cobrar doble cuota a quienes no cumplan con el plazo pactado para el pago, por las cúpulas docentes y los ingenuos padres de familia que forman las mesas directivas, en muchas ocasiones manipuladas por los maestros que controlan la escuela. Lo que los padres de familia deben entender es que los derechos como la educación que otorga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no son dádivas del gobierno, sino derechos que costaron sangre a este país, y que el gobierno no puede condicionar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera arguyendo que no hay dinero, ya que es prioridad la obligación de otorgar educación gratuita a los mexicanos por parte de su gobierno. Las cuotas que en el municipio se cobran, van de 250 pesos por alumno a nivel medio y de 80 a cien pesos en nivel básico hasta 150 (y si no paga a tiempo 200 en preescolar, como constatamos en un letrero a las afueras de un kínder por la colonia de San miguel); estas no solo son un abuso a los padres de familia dada la crisis que ha empobrecido a 7 de cada 10 mexicanos de unos años a la fecha, sino una clara violación a la Constitución de este país en materia de derechos ciudadanos. Antes que cualquier cosa el estado mexicano esta obligado por su Constitución a otorgar todos los derechos señalados por esta, entre ellos la educación. El recurso de amparo procede en este caso dado el antecedente en el estado de Guerrero, donde una comunidad rural se amparó contra su gobierno por la falta de servicios de salud, y ganó el litigio. Un juez ordenó al gobierno de guerrero otorgara a dicha comunidad servicios de salud eficientes y oportunos, sin que este pueda apelar a la falta de recursos por ser esta su obligación constitucional. Las sociedades de padres de familia en vez de dejarse manipular por los intereses de aquellos maestros que tienen su coto de poder en las escuelas, deberían ampararse ante este abuso, como la comunidad citada en Guerrero, pues ellos representan los intereses no del gobierno ni del director o los maestros que manipulan las políticas en la escuela, sino de los padres de familia, quienes apenas pueden alimentar en muchos casos a sus hijos, y ahora deben de compartir la carga de un gobierno que se desentiende de su obligaciones o en el peor de los casos son víctimas de mafias sindicales del magisterio que manipulan las famosas cuotas. Si la vía institucional, como dijo el secretario de gobernación recientemente, evitará el estallido social que se prevé, aquí está un claro ejemplo de ello. A ampararse.  

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