LA INTERVENCION DE LOS TRIBUNALES EN LA POLITICA
Por Arturo Fernández Ramírez
Nulidades, revocaciones y modificaciones a decisiones ya aprobadas, es lo que han sufrido partidos políticos, institutos electorales, poderes legislativos, aspirantes, precandidatos (as), candidatos (as) y funcionarios públicos, con resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Actos que en su momento fueron decretados, son impugnados y a la postre declarados sin efecto, cambiando su sentido, o bien, obligando a hacer la conducta omisiva. Esto desde luego hace girar de manera inesperada y sorpresiva el curso de la política, representando duros reveses a unos y triunfos para otros. A fin de evitar esos riesgos jurídicos, es importante entender y respetar los alcances de la legislación electoral, particularmente, de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales.
30 días para las campañas políticas; los bloques de los municipios para la paridad de género; los lineamientos aplicables a la reelección; son algunas de las decisiones que los Tribunales han modificado en el presente proceso electoral a culminar en junio de 2021. Quienes se han sentido afectados por esas resoluciones primarias, han optado por recurrirlas ante los órganos jurisdiccionales, obteniendo resultados favorables. Repercutiendo de manera significativa en el desarrollo de la política al hacer virar el rumbo que originalmente se tenía proyectado.
Desde el enfoque de fortalecer un estado de derecho, es correcto y positivo que los órganos jurisdiccionales sean los que en última instancia validen o invaliden las decisiones que tomen los partidos políticos, institutos electorales, poderes legislativos, aspirantes, precandidatos (as), candidatos (as) y funcionarios públicos. Máxime cuando se demuestra que sus actos en realidad sí fueron ilegales y contrarios a la Constitución, por lo que al impugnarlos, se pone fin a la arbitrariedad y se hace respetar nuestro sistema jurídico.
Sin embargo, desde una perspectiva política, se considera riesgoso que pocas personas (magistrados, ministros) que representan a los Tribunales, dejen sin efecto decisiones en las que pudieron haber intervenido millones de ciudadanas y ciudadanos. Los más claros ejemplos son las elecciones que se han declarado nulas, principalmente en municipios. A veces el efecto es que se realicen de nueva cuenta los procesos electorales, pero, en otras ocasiones, nombran a quien a juicio de ellos debe ocupar el cargo. ¿Dónde quedó el respeto a la democracia y voluntad mayoritaria manifestada en las urnas? Es la pregunta recurrente que nos podemos hacer cuando las sentencias resuelven en el sentido antes precisado.
Por otro lado, debemos reconocer que por la forma en que se designan los altos funcionarios del poder judicial (magistrados, ministros), representan cuotas de poder de los mismos partidos. Es decir, el hecho de que sean los propios políticos los que se reparten esos espacios, pone en tela de duda la legalidad material e imparcialidad con que estos funcionarios resuelven las controversias electorales. De ahí que en más de una ocasión se tengan fuertes sospechas en torno a que sus sentencias son dictadas influenciadas por un criterio político por encima del jurídico.
Con todo y esas objeciones, entre otras, considero que los órganos jurisdiccionales han venido a fortalecer nuestro sistema político y democrático de manera positiva. Todavía hace falta mucho por hacer en varios aspectos, pero al menos lo jurídico ha contribuido a disminuir los actos arbitrarios que anteriormente eran muy comunes por los cacicazgos que ejercen el poder a través de los partidos políticos y entes gubernamentales. Es necesario seguir trabajando para consolidar una verdadera democracia que no se reduzca a procesos electorales que pueden estar viciados de origen. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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