Violaciones a Derechos Humanos: Amnistía Internacional
Por Arturo Fernández Ramírez
En el Informe anual 2021/22 de Amnistía Internacional, se destaca que en México las mujeres y las niñas continúan sufriendo elevados niveles de violencia de género y las investigaciones penales por feminicidios siguen siendo insuficientes. Hubo reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales durante la detención de personas o el control de las protestas. Y por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional contra las personas migrantes. Es decir, aunque se presume un avance en el respeto a los derechos humanos, en particular a partir de las reformas constitucionales de junio de 2011, la realidad es que persisten las violaciones a estas prerrogativas elementales. Lo que nos orilla a mantener la lucha por la vía institucional, jurídica, política y social.
Sobre las desapariciones forzadas e impunidad, en 2021 las autoridades registraron al menos 7.698 casos de personas desaparecidas y no localizadas. De las cuales el 69% eran hombres y el 31% mujeres. Elevándose a más de 97,000 el número total de denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964. Prevalece la impunidad, ya que sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Según cifras oficiales, sigue habiendo más de 52,000 cadáveres no identificados, la mayoría en fosas comunes. Y varias personas que buscaban a familiares desaparecidos perdieron la vida violentamente sin que se hubiera procesado a alguien por esas muertes.
En violencia contra mujeres y niñas, se considera que en México persiste la falta de medidas para investigar y prevenir la violencia en contra de ellas. Se registraron 3,427 homicidios del sexo femenino durante el año, de los cuales 887 estaban siendo investigados como feminicidios. En el estado de México, donde tuvo lugar el mayor número de estos delitos en 2021, las investigaciones penales presentaban deficiencias graves. Las autoridades no custodiaban adecuadamente las pruebas recopiladas ni examinaban todas las líneas de investigación aplicando correctamente una perspectiva de género. Los familiares tenían que dedicar tiempo y dinero a investigar, lo que aumentaba la probabilidad de la impunidad. Además, estas familias siguieron siendo objeto de amenazas y maltrato por parte de las autoridades.
Como podemos ver, de acuerdo al informe que analizamos, en México persisten las violaciones a los derechos humanos. Es cierto que a partir de las reformas constitucionales de junio de 2011, ha habido resoluciones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que pueden representar un avance en el reconocimiento y respeto de nuestros derechos fundamentales. Pero la realidad nos dice que hace falta mucho por hacer, que debemos continuar en la lucha por la vía institucional, jurídica, política y social. Solo así podemos seguir caminando sin estancarnos ni retroceder.
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