martes, 30 de agosto de 2022

                    El caso de Ayotzinapa

Por Arturo Fernández Ramírez

A casi 8 años de haber ocurrido la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural para maestros de Ayotzinapa, apenas se concluyó que fue un crimen de estado. El entonces Procurador General de la República (hoy Fiscalía) Jesús Murillo Karam, fue detenido apenas hace unos días, precisamente acusado de torturas y desaparición forzada de dichos alumnos. Se repitió la historia de la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos. Y la matanza de Acteal, en 1997, donde un grupo paramilitar vinculado al gobierno estatal, asesinó a 45 indígenas tzotziles. En los que tuvieron que pasar muchos años para "conocer la verdad" y castigar a unos cuantos culpables o chivos expiatorios. Está claro que la corrupción y lentitud de nuestro sistema de justicia, siguen provocando impunidad. ¿Hasta cuándo lograremos que estos cambie para evitar que sigan sucediendo este tipo de hechos?


      Debemos reconocer que fue gracias al cambio de gobierno federal en 2018 como se logró este incipiente resultado. Ya que a través de la llamada Comisión de la Verdad, creada ex profeso, hace unos días se confirmó la participación de autoridades federales y estatales en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural para maestros de Ayotzinapa en 2014. Calificando el hecho como un delito estatal grave de encubrimiento y afirmando que no hay indicios de que alguno de ellos esté vivo.

       Como dijimos, el cambio de gobierno, pero también la condena internacional a estos hechos y la lucha incansable de las familias de los estudiantes desaparecidos, fue lo que ha dado como resultado que al menos se vean avances en el esclarecimiento de la verdad. Es lamentable que tengan pasar años para que la sociedad reciba justicia.

     Y es que la historia se repite, recordemos la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos. Y la matanza de Acteal, en 1997, donde un grupo paramilitar vinculado al gobierno estatal, asesinó a 45 indígenas tzotziles. En los que tuvieron que pasar muchos años para "conocer la verdad" y que viéramos castigar a unos cuantos culpables o chivos expiatorios.

     Está claro que la corrupción y lentitud de nuestro sistema de justicia, siguen provocando impunidad. Es necesario que luchemos para esto cambie y podamos evitar que sigan sucediendo este tipo de hechos lamentables. 


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