I.N.A.H. prepara denuncia por destrucción de zona arqueológica en Sayula
*Mientras tanto ya se denuncian
saqueos de los propios vecinos
de los vestigios encontrados ante
la evidente nula vigilancia oficial
*Hasta 10 años de cárcel y multa por daños a quienes resulten responsables por violación de leyes federales: Fiscalía General de la República
29 de octubre de 2022.- Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), inspeccionó el nivel de los daños provocados en la zona arqueológica del cerro de Santa Inés en el municipio de Sayula, en donde particulares metieron maquinaria pesada para destinar ese lugar a fines de cultivos.
El regidor de oposición Gerardo Morales informó que el sábado personal de INAH visitó la zona afectada y se prepara ya una denuncia de orden penal federal por las afectaciones a vestigios de comunidades originarias que datan de hace más de mil años.
Dijo que también se busca sancionar a los responsables por las omisiones cometidas de las autoridades correspondientes, debido a que no se tomaron en cuenta escritos u oficios girados por lograr la preservación de la referida zona arqueológica.
El 24 de octubre el alcalde de Sayula, Daniel Carreón publicó en su cuenta de Facebook que "en conjunto con autoridades del INAH (el municipio) suspendió una obra agrícola que se desarrolla en las inmediaciones (del cerro) de Santa Inés", "no hay permisos federales mostrados y será esa instancia la encargada de protección y la posible emisión de sanciones".
Pero se abstiene de hablar sobre la destrucción de los vestigios arqueológicos y del escrito que le llegó antes, en donde se advertía al municipio sobre la necesidad de resguardo de la zona, en una solicitud que plantea el INAH desde el día 21 de octubre, es decir, tres días antes, según el oficio 401.6C.8-2022/0883.
Por su parte el portal NMAS Guadalajara informa que en base al dictamen del I.N.A.H. la Fiscalía General de la República investiga a fondo el caso y que en base a la violación que se valore al artículos 52 de la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, se podría aplicar una pena de 3 a 10 años de cárcel y pagar el costo de los daños registrados, a quienes resulten responsables de estos hechos.
Hasta el momento continúan las investigaciones tanto de la destrucción en la zona arqueológica como la tardía y sospechosa actuación del alcalde Daniel Carrión que en clarísima omisión desoyó a tiempo la recomendación del INAH de salvaguardar el área en cuestión tras la notificación de la institución tres días antes de la entrada de la maquinaria al lugar
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