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Por Arturo Fernández Ramírez

Cuando parece que ciertas reformas legales empiezan a consolidarse como una práctica que viene a desterrar vicios nefastos y dañinos al pueblo, surgen funcionarios retrógadas que defraudando la confianza ciudadana, utilizan los cargos para echar abajo lo poco que se ha podido avanzar.

 Lo anterior viene a colación porque apenas un lustro atrás se lograron materializar reformas legales tanto en el freno de los bonos para los altos funcionarios, como en la transparencia.
 Resultado de esas reformas, se pudieron aminorar un poco los excesivos abusos en el otorgamiento y auto otorgamiento de bonos y prestaciones accesorias al salario nominal. De hecho, eran tales los abusos, que estas prestaciones adicionales duplicaban o triplicaban el salario de nómina. Así se encubría lo que realmente ganaba cualquier alto funcionario. Se despachaban con la cuchara grande.
 Después de esas reformas, como dijimos, se frenó parcialmente esa práctica, y decimos parcial porque si bien se eliminaron teóricamente, la realidad de las cosas es que se seguían dando de manera mas "astuta" mas encubierta.
 Con todo y ello, la reforma contra los bonos fue acertada.
 Lo mismo pasó en materia de transparencia. Hubo una reforma constitucional que trajo como consecuencia la creación de ordenamientos reglamentarios. En Jalisco se promulgó una primera ley que en realidad no significó mucho avance, pero al menos se estaba trabajando.
 Después vino la ley que actualmente rige la transparencia y rendición de cuentas. Dicho cuerpo legal es considerado prácticamente el mejor de todo el País.
 Entre sus atributos está el breve plazo que se le otorga a los sujetos obligados para que entreguen la información que se les requiere. También, el procedimiento verdaderamente sumario para hacer exigible coactivamente el derecho a la información cuando las autoridades se niegan o son omisas en respetar dicha garantía.
 Y otro aspecto digno de presumir y que a la postre hace efectivo el cumplimiento de este derecho, es el relativo a las sanciones que se imponen a quienes son renuentes a proporcionar la información requerida.
 Incurre en el delito de abuso de autoridad quien desacata una resolución del Instituto de Transparencia después de que se siguió el procedimiento legal respectivo.
 Todos sabemos que cuando una ley carece de sanción, prácticamente carece de fuerza porque pierde un elemento esencial propio de las normas jurídicas: la coercibilidad. Y sin este atributo se convierte en letra muerta, sin sentido alguno.
 De ahí la efectividad de la actual Ley de Transparencia que al establecer como sanción la tipificación de un delito para aquellos funcionarios que se niegan a respetar esta garantía constitucional, provococa que sean muy pocos los que se atreven a eludirla.
 Por eso resulta a todas luces un grave retroceso que en el Congreso de Jalisco existan dos iniciativas de reformas, una que pretende eliminar de la Constitución la prohibión de los bonos. Y la otra en materia de transparencia, que entre otras cosas, pretende aumentar los plazos para que los sujetos responsables entreguen la información, pretende hacer mas engorroso el trámite y sobre todo, pretende eliminar la sanción penal que actualmente existe.
 En pocas palabras, se intenta dar al traste con las conquistas sociales que lograron eliminar los abusos en los bonos y demás prestaciones adicionales, así como la opacidad en las dependencias del gobierno que en la medida en que saben que pueden ser descubiertos se la piensan dos veces para cometer sus corruptelas.
 Ya en una ocasión anterior se había intentado reformar la Ley de Transparencia para restarle eficacia, pero la voz crítica y activa de la sociedad y de los organismos no gubernamentales evitó que se consumara tal despropósito.
Ahora, con este nuevo intento de echar abajo logros que favorecen a la población en general, es indudable que de nueva cuenta se necesitará la acción social para frenar esas iniciativas. Es urgente que como sociedad exijamos respeto a la prohibión de bonos y a la transparencia y rendición de cuentas. No permitamos un retroceso. Alcemos la voz y actuemos con energía contra quienes quieren un País en donde los excesos, despilfarros y saqueos queden sin castigo y la opacidad sea la forma de gobernar. Digamos no a los bonos y sí la transparencia y rendición de cuentas. Que el Congreso actúe como verdadero representante del pueblo y no como solapador de vivales. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com