Por Arturo Fernández Ramírez
a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la fracción IV del artículo 31 la obligación que tenemos los mexicanos de "Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".
Es por tanto, una obligación constitucional el pagar los impuestos, solo que, como la propia Constitución lo mandata, debe ser de manera proporcional y equitativa. Y es aquí en donde a pesar del terrorismo fiscal que se vive en México, la gran inconformidad y descontento social estriba precisamente en que el cobro de impuestos no es ni proporcional ni equitativo, ya que resulta injusto que las grandes empresas, los grandes corporativos, sean los que menos impuestos pagan, mientras que el grueso de los trabajadores, de los asalariados, son los que soportan la mayor carga impositiva.
En efecto, existen estudios documentados que demuestran que en México mientras las empresas aportan entre 55 y 60% del ingreso nacional, su contribución al pago del Impuesto Sobre la Renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.6% en promedio durante los últimos años.
En tanto que los asalariados que generan el 25% del ingreso nacional, su contribución fiscal ha sido de 2.20 por ciento en promedio, en ese mismo lapso.
Lo anterior significa que, aunque la contribución fiscal de las empresas debería ser al menos el doble que la de los asalariados, en virtud de que sus ingresos duplican los de éstos, no sucede así gracias a los "regímenes fiscales especiales" con los cuales las grandes empresas logran eludir el pago de impuestos. Lo que sin duda contraviene el principio de equidad fiscal.
Por ejemplo, datos que en su momento reportó la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el primer semestre de 2010 mientras que las personas morales, es decir, todas las empresas del país, pagaron 125 mil 882 millones de pesos por concepto de ISR, resultó que los asalariados pagaron 155 mil 934 millones de pesos por este impuesto.
Y si esta comparación, por sí misma ilustrativa, resulta insuficiente para considerar injusto nuestro sistema de recaudación fiscal, entonces tomemos en cuenta lo bajo que son los salarios en nuestra República y que de acuerdo con el INEGI más del 70% de las personas del país vive con un ingreso menor a 3,500 pesos mensuales.
Existe entonces una gran injusticia y un sistema anticonstitucional, ya que los principios de proporcionalidad y equidad giran en torno a que mientras más ganas, más impuestos debes pagar, pero en México, de acuerdo a los datos antes analizados, es al contrario: quienes más ganan, menos impuestos pagan, mientras que los que menos ganan más cargas impositivas tienen que soportar.
Entonces, podemos resumir válidamente que el problema fiscal en México gira en torno a los privilegios o regímenes especiales (como la consolidación fiscal) que se les otorga a las grandes empresas y que a través de esos regímenes especiales es como logran pagar, proporcionalmente, menos impuestos que los mismos asalariados.
Por eso, creo, que más allá de pretender gravar más servicios o productos, una verdadera reforma fiscal debe poner fin a estos grandes privilegios de que gozan los grandes corporativos que se unen no solo para financiar campañas políticas, sino también para en su momento recuperar esas "inversiones" a través de "mecanismos legales" que les permite pagar muchos menos o eludir los impuestos que de manera proporcional y equitativa deberían de pagar. ¿Se dará esta reforma hacendaria? Claro que no. O ¿usted qué opina estimado lector? Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario