*Todo quedó en 3 millones 700 mil pesos el pago a Aracely Pintor, pagaderos en 18 mensualidades, a cambio del retiro de la demanda penal en su contra por falsedad de declaraciones. * Toda la culpa la tienen los síndicos omisos que no comparecieron a las audiencias. *Arturo Fernández Ramírez, solicitó se finquen responsabilidades en contra de quienes hayan descuidado en forma negligente ese juicio laboral, porque por ese descuido, ahora el pueblo sufrirá un daño económico al pagarse esa cantidad millonaria.
En sesión de ayuntamiento efectuada este lunes, los regidores aprobaron un arreglo al que se llegó con los abogados de Aracely Pintor, para el pago del juicio laboral que ya ascendía a 8 millones 500 mil pesos, quedando en la cantidad de 3 millones 700 mil pesos, es decir, casi cinco millones de pesos menos, rebaja que otorgó la demandante a cambio de que el ayuntamiento retire la demanda interpuesta por "falsedad de declaraciones", lo que no pocos traducen, como "a cambio de impunidad". Como se sabe, inicio el problema a finales del 2005 cuando la demandante Aracely Pintor, fue despedida de su puesto en el DIF que, por cierto, cabría evaluar los motivos por el que fue despedida, para luego demandar al ayuntamiento en un juicio laboral. El caso es, como sucede con frecuencia, detalles de su despido fueron descuidados, y de ellos se aprovechan como siempre abogados de poca ética, que entre otros recursos utilizaron la falsedad de declaraciones, señalando la demandante, que ganaba 1000 pesos diarios como sueldo en el DIF, cantidad que, como se sabe, no los ganaba ni el presidente municipal. El juicio laboral estaba más que ganado de antemano, las pruebas eran contundentes en contra de la demandante, incluso, el ayuntamiento reviró con una demanda penal en contra por falsedad de declaraciones. Pero llegado el momento de la verdad, de presentar las pruebas ante el juzgado, resulta que los síndicos ni siquiera se presentaron a las audiencias de presentación de las mencionadas pruebas, lo cual hubiera inclinado la balanza hacia los intereses de la comuna, pero como los "defensores" del ayuntamiento ni siquiera se presentaron a las audiencias obvio, el juez hace su trabajo y da por válido lo manifestado por la demandante.
Por su parte el regidor Arturo Fernández Ramírez, solicitó se finquen responsabilidades en contra de quienes hayan descuidado en forma negligente ese juicio laboral, porque por ese descuido, ahora el pueblo sufrirá un daño económico al pagarse esa cantidad millonaria.
Aseguró que es necesario sentar ya un precedente de castigo hacia los funcionarios ineptos e irresponsables, porque afirmó que el no haber asistido por parte del Ayuntamiento a varias audiencias del juicio, fue la causa principal de que se perdiera este asunto y ahora se tenga que pagar esta cantidad.
"Ciertamente, como el juicio de la ex terapeuta del DIF Araceli Pintor Quiroz, hermana por cierto de quien fuera Directora de Comunicación Social en el periodo del Ingeniero Jorge Campos Aguilar, existen más trámites legales pendientes de cubrir pero que en cualquier momento alguien los tendrá que pagar".
Las anteriores administraciones lo único que hicieron fue utilizar mañas jurídicas, no para resolver el problema, sino solo para alargarlo y pasarlo a la siguiente administración, parece que así es el "juego" de los síndicos y gobernantes en turno, pasar las "papas calientes" al que sigue.
Hoy se da cuenta de una millonaria cantidad que el pueblo, solo el pueblo, tendrá que pagar a una ex trabajadora que fue despedida en el año 2005, con razón o sin razón, pero que demandó ante los tribunales correspondientes y ganó el juicio.
El problema aquí fue el salario que dijo que percibía al momento del despido, ya que dijo que ganaba más de lo que en ese entonces ganaba el Presidente Municipal, pero además, el otro gran problema fue el grave descuido que en su momento tuvieron los síndicos y responsables jurídicos del Ayuntamiento, ya que al parecer dejaron de asistir a varias audiencias que eran clave en el juicio, lo que dio como resultado que se perdiera y que ahora, como se ha dicho, el pueblo tenga que pagar no solo por las mentiras de Araceli Pintor Quiroz, sino por la irresponsabilidad de quienes debieron haber defendido los intereses del municipio.
Y es que, como aseguró el regidor Arturo Fernández en la sesión de cabildo donde se trató este asunto, las pruebas del salario real de la ex trabajadora Araceli Pintor Quiroz, estaban en poder del mismo Ayuntamiento porque ahí estaba la nómina firmada del puño y letra de ella, pero, si no fueron presentada en tiempo y forma ante el tribunal, por eso se perdió el juicio.
Fue por eso que Arturo Fernández pidió que independientemente del convenio de pago que se aprobara por el Ayuntamiento, se fincaran responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables por la deficiente defensa que tuvo el Ayuntamiento en ese juicio, ya que dijo que es importante sentar un precedente para que no se sigan repitiendo estos casos de negligencia que solo perjudican al pueblo.
Otros en cambio, ven el daño patrimonial millonario que ha sufrido el pueblo por la negligencia de quienes tienen la obligación de protegerlo pero no lo hacen, además de que queda impune el delito cometido por Araceli Pintor Quiroz al declarar con falsedad ante las autoridades.
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