Los ataques a la libertad de prensa
Por Arturo Fernández Ramírez
En promedio, cada 16 horas recibió un ataque la prensa en México, en la primera mitad de 2023. En lo que va del año suman 272 agresiones y al menos tres asesinatos de periodistas, relacionados con su labor. Las de mayor incidencia fueron las intimidaciones y hostigamientos con 68 casos (25% del total). Seguidos del uso ilegítimo del poder público con 61 casos (22.43%), y amenazas, con 49 casos (18.01%). Los temas que más peligro representaron, fueron la corrupción y política, tendencia que permanece desde 2017. Como podemos ver, el ejercicio de este derecho humano, continúa siendo de alto riesgo. Lo que significa un retroceso de todo Estado que se jacte de ser democrático. Es necesario que las autoridades de los tres niveles, garanticen a cabalidad la integridad de las y los comunicadores sociales.
Los anteriores datos fueron reportados por la organización Artículo 19, de ámbito internacional, fundada en 1987. Que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama precisamente esa prerrogativa.
Dicha organización documentó 137 agresiones contra reporteros que cubren temas de corrupción, mientras que la cobertura de seguridad y justicia -llamada de nota roja- generó 67 casos. Le siguen las protestas o movimientos sociales, sobre los que se documentaron 29 ataques en este primer semestre de 2023.
Esas agresiones contra reporteros y medios de comunicación, se presentaron en 26 entidades del país. Siendo la Ciudad de México donde se documentaron más, con 65, seguida de Quinta Roo con 21, Guanajuato con 19, Puebla con 18 y Coahuila con 17.
De acuerdo con el primer informe semestral de la citada organización, en los que va de la actual Administración del Gobierno Federal, suman 2,941 casos de violencia contra la prensa. Un alto número en el que se debe trabajar para su disminución.
La organización también documentó un actuar ineficiente de las autoridades en los casos en los que los periodistas piden protección o denuncian agresiones. Por lo que las medidas cautelares son poco efectivas, ya que "en al menos 4 de 10 acompañamientos a periodistas ante las juntas de gobierno del Mecanismo (de protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos), los análisis de riesgo fueron deficientes o incompletos: catalogando agresiones y amenazas como incidentes sin un vínculo a la labor periodística, o desestimando el riesgo de las coberturas periodísticas y el contexto local para un análisis del riesgo", señala el informe semestral.
Es lamentable que el ejercicio de este derecho humano, continúe siendo de alto riesgo, más en temas de la corrupción y política. Lo que significa un grave retroceso de todo Estado que se jacte de ser democrático. Es necesario que las autoridades garanticen a cabalidad la integridad de las y los comunicadores sociales.
De ahí el llamado a los tres niveles de gobiernos, a implementar políticas públicas integrales de prevención y protección a periodistas y medios de comunicación. Se debe reconocer la importancia de su labor en un contexto democrático, al mantener informada a la sociedad para una mejor toma de decisiones, como cuando se elige a gobernantes.
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