Semanario Horizontes

Comentarios de los lectores
Carta al magistrado Pedro Penagos
En relación con sus declaraciones a los medios respecto de que ni las marchas ni las manifestaciones influirán en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que lo único que puede presionarlo es la Constitución, le comento que es bueno que así lo reconozca, pues el artículo 39 de la Carta Magna expresamente dice: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Para su información, señor magistrado, las marchas y manifestaciones las organizó el pueblo, o sea su jefe. Tómelo en cuenta, puesto que como usted mismo bien lo dice, los magistrados están sujetos a juicio político en caso de incumplir con sus responsabilidades. Lo que está en juego no sólo es un caso de legalidad, sino de constitucionalidad, de justicia y de equidad. Piense en su descendencia. No quede usted y sus colegas registrados en la historia de México como los burócratas que incendiaron al país.
Francisco José Valdés Roa

Democracia fallida, última llamada
Desde que al PRI se le acabó la hegemonía y el uso libérrimo de recursos, y tuvo que enfrentar su primera oposición seria, México ha sido testigo y víctima de una deslumbrante exhibición de habilidades: para encumbrar a Salinas recurrió a la caída del sistema y la quema de boletas; con Zedillo, al multimillonario saqueo de Nafinsa vía uniones de crédito y empresas fantasmas (sepultando todo en la debacle del 95 y el Fobaproa); con Labastida, al Pemexgate, y ni así.
Los alternantes hicieron lo propio, Fox en Guanajuato, falseando programas de ayuda (especialmente al campo) y con sus amigos; Calderón colando a su cuñado como operador del cómputo electrónico del IFE y, claro, impidiendo el conteo de votos.
Eso sí, cada elección fraudulenta desemboca en una nueva reforma electoral, la más reciente en 2007, siempre trampeadas, siempre incompletas. ¿Cuántas veces tendremos que oír es ilegítimo, pero no ilegal, contraviene la Constitución, pero la ley lo permite? Qué cinismo.
¿Para qué entonces gastamos los mexicanos decenas de miles de millones de pesos cada sexenio en subsidios, mecanismos e instituciones que no son capaces de garantizar elecciones limpias, ni evitar el voto-miseria, ni que el dinero determine quién gana? ¿Para qué acotar la intervención insidiosa de medios electrónicos (y ahora encuestadoras) si lo hacen con la mayor impunidad y muertos de risa? ¿Para qué establecer topes al gasto de las campañas si los partidos y candidatos los pueden exceder dos, cinco, diez veces y no pasa nada?
Hoy todo ese trastocamiento, abuso e inequidad están a la vista y todo ese dinero excedente ahí está exhibido, y su origen es ilegal, sea que provenga de las tesorerías estatales, del desvío de recursos federales, de aportaciones privadas mayores a lo permitido, del extranjero o del crimen organizado.
Quien excedió los topes establecidos debe ser descalificado por principio e investigado el origen de los fondos para deslindar responsabilidades penales.
Como en el deporte, hay que descalificar al tramposo y reponer la elección; esto es hoy un imperativo ético, de respeto a la sociedad, por la paz, la salud pública y la dignidad nacional.
David Márquez Ayala