Semanario Horizontes

Mal negocio: el Congreso del Estado una camarilla que ha dejado mucho qué desear
En teoría, el Congreso de Jalisco es la institución pública que debería representar, mejor que ninguna otra, los intereses de los habitantes de la nuestro entidad. En la práctica, sin embargo, los diputados de la comarca son y han sido algo muy diferente.
Para empezar, son personas que han hecho todo lo posible para convertir al Congreso del estado en una de las instituciones públicas menos dignas de crédito, lo cual  no es poco decir.
  Y ese descrédito mayúsculo de nuestros legisladores no es gratuito, sino algo que los integrantes de las sucesivas legislaturas se han ido ganando a pulso, tanto con sus acciones como con sus omisiones.
¿Por qué los ciudadanos de Jalisco no ven en sus diputados locales a personas dignas de confianza, o a respetables representantes de los intereses de la colectividad?
La respuesta es muy sencilla: porque los legisladores de casa, en su gran mayoría,  han demostrado repetidamente que la prioridad de su trabajo (porque de alguna manera  hay que llamar  a su errática actuación) no es atender ni responder cumplidamente a las demandas de sus electores.
Pues antes que ello, para diputados y diputadas están otras cosas: los intereses de sus partidos, de sus camarillas, o de los grupos políticos a los que pertenecen. Y, por supuesto, está también, en primerísimo lugar, el provecho personal de cada uno de ellos.
Más que en las legislaturas anteriores, en la que ya va tocando a su fin ha sido evidente el desempeño errático y torcido de muchos diputados, hasta el extremo de que el Congreso local ha sido motivo de indignación  para diversos sectores sociales, y fuente de escándalo para la opinión pública.
Y ello por dos causas: porque el trabajo legislativo ha dejado mucho que desear,  pero sobre todo porque  se ha hecho un  manejo desaseado y abusivo de los recursos con que cuenta el Congreso del estado.
De tal manera que, un año sí y otro también, el presupuesto institucional no les ajusta y, para poder sostener los desmedidos gastos del Congreso, repetidamente han tenido que recurrir, lo mismo a adelantos presupuestales que a endeudamientos.
Ese estilo derrochador se ha vuelto una costumbre y, a estas alturas de la administración estatal, cuando a la presente legislatura le resta menos de mes y medio, sus integrantes  tienen un adeudo que ronda los 300 millones.
La cartera de acreedores del Congreso de Jalisco incluye al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Dirección de Pensiones del Estado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (específicamente al Sistema de Administración Tributaria), al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, a la Consultora López Castro  y a diversos proveedores.
Y como los diputados de la legislatura saliente no cuentan con los recursos para saldar tamaño adeudo, es muy probable que terminen por hacerse los occisos  y, olímpicamente, hereden esa onerosa papa caliente a quienes llegarán a relevarlos a partir  del próximo1º de noviembre.
Pero las "dagas" de los diputados de las últimas legislaturas no sólo consisten en despilfarrar y comprometer, de manera impune, las finanzas del Congreso de Jalisco.  También  han solapado los abusos y las trapacerías de otros funcionarios del Poder Legislativo Estatal.
Tal fue el caso del anterior secretario general del Congreso, Carlos Corona, y también del titular de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo. El primero de ellos se volvió tristemente célebre por inflar la nómina del Congreso y por adquirir,  para él y para su pareja, dos automóviles  de lujo: Mercedes Benz para más señas.
Godoy Pelayo, por su parte, se embolsó cerca de diez millones de pesos  por el insólito concepto de "vacaciones no tomadas". Y, a pesar de ello, sigue tan campante en el cargo, con la encomienda de supervisar el manejo financiero de todas las dependencias y organismos públicos del estado, incluidos aquellos con los que, personalmente, tiene un conflicto de intereses.
Tal es el caso de la Universidad de Guadalajara, institución a la que Godoy Pelayo  y su familia le vendieron un terreno a sobreprecio en el municipio de Autlán de Navarro.
Para colmo de males, estas y muchas otras trapacerías  las han podido realizar nuestros dizque "representantes populares" de manera impune, pues salvo el caso  del diputado panista Gustavo Macías, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación  destituyó del cargo por "desacato" para consignarlo, por ello mismo, ante un juez, el resto de diputados y diputadas no sólo se han salido con la suya, sino que varios de ellos  ya se preparan para irse a otro cargo y seguir viviendo  a costa del erario, aun cuando poco o nada  les retribuyan a los ciudadanos, quienes pagan, claro está, sus desmedidos  sueldos y prestaciones.
Mal negocio, qué duda cabe, el de la ciudadanía jalisciense.
 Juan José Doñán