sábado, 15 de agosto de 2009

Editorial

"El del catarrito, se acuerdan de él, es el mismo cínico de siempre"

La medida anunciada por el encargado de las finanzas públicas del país reviste aspectos deplorables, tanto en la forma como en el fondo. Si se toma en cuenta que la adopción de esas determinaciones requiere de meses de discusión y análisis, es evidente que las autoridades habían planeado los incrementos tributarios referidos desde tiempo atrás, y que el hecho de que se den a conocer hasta ahora obedece, más que a criterios de índole económica, al afán de evitar un descalabro electoral mayúsculo del partido en el poder el pasado 5 de julio, que de todos modos no se les dió.

Lo anterior pone en perspectiva, por un lado, un empeño inaceptable por engañar a la población, al ocultarle medidas como la mencionada, así como un manejo faccioso de la política económica, cuya credibilidad se encuentra de por sí erosionada, a consecuencia de su carácter oligárquico, antipopular y clientelar.
Más allá de estas consideraciones, el anuncio de Carstens genera justificadas inquietudes sobre cómo y a quiénes se aplicarán los aumentos tributarios. Todo hace pensar que el gobierno se conducirá con base en los criterios injustos e inequitativos de la política fiscal vigente, la cual se ensaña con los pequeños contribuyentes cautivos y los sectores productivos, y es, en cambio, condescendiente y obsequiosa con los potentados, los capitales foráneos y los dueños de las grandes empresas, quienes, por obvias razones, tienen la obligación de pagar mayores impuestos, por más que esa obligación se quede en el papel de los principios fiscales y no se traduzca en una práctica impositiva equilibrada.
Es de suponer, por tanto, que mientras los grandes empresarios seguirán teniendo acceso a créditos fiscales, mecanismos para diferir los pagos al erario y exenciones que podrán ser legales pero son sin duda escandalosas –como la que se concedió en el sexenio pasado a los involucrados en la compraventa de Banamex, que significó una exención de cerca de 3 mil 500 millones de dólares–, los contribuyentes cautivos, los pequeños empresarios y los profesionistas que trabajan por su cuenta continuarán siendo víctimas de estrategias fiscales de hostigamiento y amedrentamiento practicadas por el Servicio de Administración Tributaria, en tanto que los trabajadores del sector informal –que son, cabe recordarlo, damnificados de las fracasadas directrices económicas vigentes– serán objeto de constante persecución y acoso.
En suma, antes de pensar en subir o inventar nuevos impuestos o recortar los presupuestos para los estados y municipios, por qué no se aprieta el cinturòn el propio gobierno federal rebajando los salarios insultantes que ganan la mayorìa de los funcionarios públicos, empezando por el propio titular del ejecutivo y la caterva de vividores güevones de los ministros de la SCJN quienes ganan-oiga usted- salarios del orden de más de 300 mil pesos mensuales.

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