Temas de Interés
Por Arturo Fernández Ramírez
Como cada año, a escasas semanas de dar inicio el próximo ciclo escolar 2009-2010, el tema de interés de las llamadas cuotas voluntarias que a través de las sociedades de de Padres de Familia se cobran en todas las escuelas públicas, viene a ser objeto de análisis y discusión dada la cuestionada constitucionalidad y legalidad con que se cobran y las consecuencias que acarrean particularmente a quienes carecen de dinero para cubrirlas, es decir, a los menos protegidos, a los que forman parte del pauperismo de nuestro País, a los que son objeto y esencia de la educación pública.
Bajo un simple análisis podemos culpar de manera directa a las escuelas y directores de las mismas que establecen esas cuotas "legalizadas" a través de las sociedades de Padres de Familia, sin embargo, tratando de analizar más a fondo este tema de interés, creo que el origen de las cuotas voluntarias viene desde el mismo sistema político, desde las altas esferas de poder que ante sus políticas educativas de regatear el presupuesto por un lado y de permitir la corrupción entre las autoridades educativas por el otro, dan como resultado que las escuelas como verdaderos y auténticos semilleros de la formación de las futuras generaciones tengan que recurrir a cualquier método con tal de sacar adelante su compromiso de formar a nuestros jóvenes.
En efecto, podemos decir que las cuotas voluntarias son permitidas e impulsadas desde la cúpula de las máximas autoridades educativas (léase Secretaría y Sindicato) por lo que aunque de manera oficial se diga que no son obligatorias, de facto sí lo son porque permiten que cada quien haga lo que quiera, de ahí que los discursos de los altos funcionarios que dicen prohibir cualquier acto coactivo en la exigencia de esas cuotas, se convierten en demagogia pura en virtud de que en los hechos las escuelas y sus directivos emprenden acciones de presión para obligar a que todos cumplan con ese pago.
Y esto es precisamente lo más lamentable porque en realidad los afectados no tienen a quien acudir para que se respete su derecho a no pagar ningún tipo cuotas.
Es un círculo vicioso, si en verdad se les sancionara a las escuelas por cobrar estas cuotas, la consecuencia inmediata sería que dichas instituciones educativas exigirían a la Secretaría que entonces sea ésta la que cumpliendo con su obligación, les satisfaga todas las necesidades que por falta de recursos solo pueden cubrir mediante el cobro de las famosas cuotas voluntarias.
Desde luego que con esto no avalo ni justifico que las escuelas y sus directivos se presten a cobrar esas cuotas, ya que por el contrario, en lugar de exigir a los Padres de Familia que paguen cierta cantidad de dinero cada año, esa exigencia deberían canalizarla a sus superiores para que en lugar del dispendio y despilfarro que se hace del recurso público en las altas esferas, presionen para que se les dote de lo más básico.
Insisto, quienes carecen de recursos económicos no tienen más opción que las escuelas públicas, ellos son la razón de ser las instituciones educativas dependientes del gobierno, por lo tanto, el exigirles el pago de una cuota se torna inconstitucional por mas disfrazada en que esta se realice.
Es cierto que a las escuelas públicas acuden muchas personas con solvencia económica, pero esto no justifica tampoco exigir ningún cobro, primero porque no existe ninguna limitante para que quien así lo deseé pueda cursar su educación en estas aulas; y en segundo lugar, porque al establecer las cuotas, a quienes se les sigue perjudicando es a quienes menos dinero tienen, toda vez que los solventes no tienen ningún problema en pagarlas y por lo tanto, no son objeto de discriminación, muy contrario a todos aquellos que al no tener dinero, tienen que soportar las acciones de presión que sobre ellos se ejerce.
Ojala que se reflexionara en esto por parte de los directores de las escuelas, así como de quienes quedan al frente de las mesas directivas de las sociedades de Padres de Familia, que no pierdan de vista que son escuelas públicas a donde acuden quienes menos recursos tiene y que en todo caso, la obligación de satisfacer todas sus necesidades de infraestructura es el gobierno y no los alumnos.
Aunque sabemos que es un vicio muy arraigado y que por lo mismo se ve muy difícil que se pueda desterrar, lo menos que podemos hacer es seguir haciendo los señalamientos respectivos contra una práctica que no deja ni dejará de ser inconstitucional y que afecta de manera principal al sector social que pretendió protegerse por quienes lucharon por la educación pública, laica y gratuita en nuestro País. Ya para finalizar, no podemos olvidar tampoco que LA EDUCACION ES UN DERECHO NO UN PRIVILEGIO. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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