Por Arturo Fernández Ramírez
a impunidad es, lamentablemente, una de las principales características de nuestro sistema político mexicano, ya que nos damos cuenta de muchos actos de corrupción, de bastantes saqueos y traiciones a la patria, pero los responsables se pasean por las calles como si nada, en el peor de los casos muchas veces hasta son premiados con otros cargos públicos.
Y cuando algún político de peso pisa la cárcel, muchas de las veces se trata simplemente de chivos expiatorios o de ajustes entre los grupos de poder, pero no propiamente porque se esté aplicando la ley o porque se esté haciendo justicia.
Por ejemplo el caso de Elba Esther Gordillo, no dudamos que todo lo que se le está imputando sea cierto y no de hoy si no desde hace muchos años, pero tampoco dudamos que así como ella hay otros líderes sindicales que han incurrido en ilícitos similares o peores y nada se ha hecho en contra de ellos, siguen intocables y hasta protegidos por el sistema mismo.
Es por ello que en el caso del ex gobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, aunque al igual que Elba Esther Gordillo, ya fue detenido, se tienen muchas dudas al respecto como para dar por un hecho que en México se acabó la impunidad y que ahora sí todos aquellos funcionarios corruptos serán castigados como marca la ley.
Por eso es importante dar seguimiento puntual a estos casos para ver como concluyen, porque al final de cuentas esto es lo que verdaderamente importa: la forma en que se resuelven los juicios y no solo dejarnos llevar por lo "espectacular" en que inician estos procesos.
Además, acordémonos que justo este domingo 7 de julio habrá elecciones en 15 entidades federativas, por lo que no sería nada extraño que todo este asunto de Tabasco se esté utilizando con fines electoreros para favorecer ya sabemos a qué partido, pero pasando estos procesos electorales, entonces sí darle un giro diverso al proceso para en poco tiempo decir que no se lograron demostrar los delitos imputados y que por lo tanto se tienen que dejar en libertad a los acusados.
Por eso, el que una ex líder sindical y un ex gobernador se encuentren hoy en día privados de su libertad acusados de delitos graves, no puede ni debe considerarse como sinónimo de que ahora sí vivimos en un estado de derecho, ya que como lo referí con antelación, lo importante es no perder de vista la forma en que se resuelvan estos juicios y sobre todo, que no son los únicos políticos que presuntamente han incurrido en delitos de esa misma naturaleza y sin embargo, solo contra ellos se ha procedido mientras que a los demás se les sigue protegiendo y encubriendo sus fechorías. Comentarios y sugerencias al correo electrónico arturferam@hotmail.com
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